Humberto Chávez Allende enfrenta una denuncia por presuntamente desatender resoluciones judiciales y negarse a entregar una causa penal. La defensa de López Elías advierte que la conducta del juzgador podría constituir una falta grave y derivar en sanciones, incluida su destitución. La actuación del juez de Control Humberto Chávez Allende abrió un nuevo frente de
Humberto Chávez Allende enfrenta una denuncia por presuntamente desatender resoluciones judiciales y negarse a entregar una causa penal.
La defensa de López Elías advierte que la conducta del juzgador podría constituir una falta grave y derivar en sanciones, incluida su destitución.
La actuación del juez de Control Humberto Chávez Allende abrió un nuevo frente de controversia para el Poder Judicial de Chihuahua, luego de que fuera denunciado por presuntamente mantener el control de un expediente penal pese a que la justicia federal asumió competencia sobre el asunto.
El abogado César Gutiérrez Priego, defensor de José Pedro López Elías, acudió al Tribunal de Disciplina Judicial para denunciar posibles incumplimientos del juzgador, a quien atribuye omisiones de información y resistencia a entregar la causa penal 3050/2024.
El señalamiento cobra relevancia porque, desde el 9 de enero de 2026, un Tribunal Colegiado había determinado la competencia federal. Posteriormente, el 24 de agosto, un juez federal confirmó esa decisión.
Sin embargo, de acuerdo con la defensa, Chávez Allende habría continuado reteniendo documentación del procedimiento, pese a las determinaciones emitidas.
La controversia plantea una pregunta para las autoridades judiciales: ¿qué mecanismos existen para garantizar que un juez cumpla las resoluciones que delimitan sus facultades?
Los abogados también denuncian que se remitieron registros incompletos y se omitió informar sobre otros coimputados, circunstancias que consideran relevantes para el procedimiento.
De acreditarse los señalamientos, el Tribunal de Disciplina Judicial tendría que determinar las responsabilidades correspondientes, incluida la posibilidad de sanciones contra el funcionario.
El caso representa una prueba para los mecanismos de vigilancia judicial de Chihuahua. Más allá de la situación penal del consultor, la controversia exige esclarecer si las decisiones federales fueron atendidas oportunamente o si existieron actuaciones incompatibles con ellas.
La respuesta institucional será determinante para conocer si las denuncias revelan fallas en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.















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