El enfrentamiento de Maru Campos con Claudia Sheinbaum y la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción contra Javier Corral reabren los cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones estatales. Las controversias políticas y judiciales en Chihuahua han adquirido una nueva dimensión tras las declaraciones de la gobernadora Maru Campos sobre su enfrentamiento con la presidenta
El enfrentamiento de Maru Campos con Claudia Sheinbaum y la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción contra Javier Corral reabren los cuestionamientos sobre la autonomía de las instituciones estatales.
Las controversias políticas y judiciales en Chihuahua han adquirido una nueva dimensión tras las declaraciones de la gobernadora Maru Campos sobre su enfrentamiento con la presidenta Claudia Sheinbaum y los cuestionamientos que persisten alrededor de la Fiscalía Anticorrupción.
En el centro del debate aparecen la gobernadora, Abelardo Valenzuela Holguín, conocido como “El Bayo”, y el auditor superior Héctor Acosta Félix, cuyas instituciones han intervenido en investigaciones que mantienen abiertas disputas jurídicas y políticas.
Maru Campos reconoce enfrentamiento con Sheinbaum
La gobernadora reveló que sostuvo una reunión tensa con Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez, relacionada con un operativo de seguridad en el que presuntamente participaron agentes de la CIA.
Campos reconoció que ambas intercambiaron reclamos y elevaron el tono de voz, además de negar la existencia de un acuerdo político con la presidenta.
Sheinbaum confirmó posteriormente que hubo diferencias durante el encuentro y aseguró que la gobernadora había responsabilizado al exfiscal César Jáuregui Moreno por el ingreso de agentes estadounidenses.
Las declaraciones evidenciaron diferencias entre ambas administraciones sobre la actuación de funcionarios estatales y la coordinación en materia de seguridad.
El expediente contra Javier Corral
En otro frente, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, dirigida por Abelardo Valenzuela, investigó un presunto desvío de 98.6 millones de pesos relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de 2019.
La investigación se apoyó en antecedentes de una auditoría realizada por la Auditoría Superior del Estado, encabezada por Héctor Acosta.
El expediente involucró al exgobernador Javier Corral, al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y al especialista financiero José Pedro López Elías.
Corral ha denunciado una presunta persecución política relacionada con su confrontación con Maru Campos. La Fiscalía ha rechazado esos señalamientos y defendido la legalidad de sus investigaciones.
No se ha demostrado que la gobernadora haya ordenado ilegalmente la investigación.
La disputa con la FGR
La investigación también generó una controversia sobre la autoridad competente para conocer del expediente.
En enero de 2026, un tribunal colegiado federal determinó que el asunto correspondía al ámbito federal.
Valenzuela manifestó su desacuerdo y defendió la competencia estatal, argumentando que los recursos presuntamente afectados pertenecían al erario de Chihuahua.
La disputa evidenció diferencias jurídicas entre autoridades estatales y federales, sin que ello demuestre por sí mismo una conducta delictiva.
El posible fuero para Héctor Acosta
Mientras tanto, el Congreso de Chihuahua analiza una propuesta para otorgar fuero constitucional al titular de la ASE.
La iniciativa coincide con una denuncia presentada ante la FGR por José Pedro López Elías contra Acosta y otros servidores públicos, relacionada con presuntas irregularidades en la auditoría forense.
La denuncia no acredita responsabilidad penal, pero hace relevante examinar los mecanismos de control que acompañarían la reforma.
Los distintos episodios colocan sobre la mesa una pregunta institucional: cómo proteger la autonomía de los funcionarios encargados de investigar posibles actos de corrupción sin limitar la posibilidad de exigirles responsabilidades.














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