La batalla judicial entre USG México y Corporación HRC ha puesto bajo la lupa las circunstancias en las que se firmaron convenios relacionados con una deuda superior a 260 millones de pesos. El caso involucra a un empresario hospitalizado por una enfermedad neurológica, la entrega de inmuebles y cuestionamientos sobre la validez de los acuerdos.

Una firma en el hospital que desató una controversia

Lo que comenzó como un conflicto comercial entre USG México y Corporación HRC terminó convirtiéndose en una disputa judicial con un elemento particularmente delicado: la presunta firma de compromisos patrimoniales mientras el director general de la distribuidora atravesaba graves problemas de salud.

De acuerdo con los antecedentes del litigio, el empresario padecía alteraciones neurológicas provocadas por un tumor en la base del cráneo, condición que lo mantuvo alejado de sus actividades laborales durante aproximadamente dos años y medio.

El 5 de noviembre de 2021, mientras permanecía internado en el área de terapia intermedia del Hospital Ángeles Interlomas, dos asistentes de un mediador privado se habrían presentado para solicitar su firma en un convenio relacionado con garantías inmobiliarias por un adeudo de 262 millones de pesos.

La situación plantea una pregunta central: ¿en qué condiciones se encontraba el empresario para asumir compromisos económicos de semejante magnitud?

De una deuda comercial a la entrega de propiedades

Antes del conflicto, USG México y Corporación HRC mantenían una relación comercial de varios años. La distribuidora se había consolidado como uno de los principales canales de comercialización de productos Tablaroca.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó problemas de liquidez que afectaron el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

USG México respondió suspendiendo el suministro de materiales a crédito y estableciendo nuevas condiciones comerciales, lo que agravó las diferencias entre ambas compañías.

Para julio de 2022, los acreedores reclamaban aproximadamente 266 millones de pesos y la celebración de convenios que contemplaban la entrega de diversos inmuebles como parte del pago.

Los acuerdos incluían siete propiedades valuadas en 95.5 millones de pesos y otras tres transmisiones patrimoniales por 14.28 millones.

El papel del mediador privado

En los convenios intervino Federico Gabriel Lucio Decanini, mediador privado certificado por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Su participación ha adquirido relevancia porque el empresario cuestiona las circunstancias en las que se formalizaron los acuerdos y sostiene que atravesaba un periodo de incapacidad transitoria.

La controversia abre interrogantes sobre los mecanismos de protección que deben observarse cuando una persona enfrenta condiciones médicas que podrían comprometer su capacidad para tomar decisiones económicas.

No obstante, los señalamientos forman parte de una disputa judicial y no acreditan por sí mismos una actuación indebida del mediador.

Tribunales, demandas y una disputa sin resolver

Tras su recuperación, el representante de Corporación HRC emprendió acciones legales para solicitar la declaración de inexistencia de los convenios relacionados con el reconocimiento de la deuda y la entrega de propiedades.

Sin embargo, el proceso enfrentó obstáculos jurisdiccionales. Una primera demanda no fue admitida por cuestiones de cuantía, mientras que otro juzgado consideró que el asunto debía resolverse en materia civil y no mercantil.

Estas determinaciones complicaron el avance del litigio hacia una resolución de fondo.

Más allá de los millones: la validez de los acuerdos

El enfrentamiento entre USG México y Corporación HRC ha dejado de ser únicamente una controversia por obligaciones comerciales.

Ahora, uno de los principales cuestionamientos gira alrededor de la validez de los compromisos asumidos por un empresario que, según su propia reclamación, enfrentaba una condición médica de vulnerabilidad.

La pregunta pendiente no es solamente cuánto se debía, sino si los convenios fueron celebrados bajo condiciones que permitieran expresar válidamente su consentimiento.

La respuesta dependerá de las pruebas presentadas y de las determinaciones judiciales correspondientes, cuyo desenlace definitivo no consta en la información disponible.