La defensa advierte que cualquier interrupción del tratamiento contra el cáncer podría tener consecuencias graves. La familia denuncia además vigilancia, intimidación y un escenario de creciente presión.

La preocupación por la seguridad y la salud de José Pedro López Elías llevó a su familia a recurrir a una instancia internacional. Sus hijos solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a una situación que consideran cada vez más delicada.

Fátima López y Mauricio López, acompañados por el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera, denunciaron presuntos actos de hostigamiento, vigilancia y presión relacionados con una investigación penal desarrollada en Chihuahua.

Según la versión presentada ante la Comisión, la situación habría escalado hasta alcanzar a diferentes integrantes del entorno familiar, circunstancia que incrementó la preocupación de los promoventes y motivó la solicitud de protección internacional.

Pero existe un factor que vuelve especialmente sensible el caso: la salud de López Elías.

La representación legal sostiene que el empresario padece cáncer y depende de atención médica especializada y continua. Bajo estas circunstancias, advierte que cualquier interrupción de su tratamiento podría tener consecuencias graves para su integridad física.

La familia considera que no puede minimizarse ese riesgo mientras continúan las actuaciones relacionadas con el procedimiento.

Por ello, solicitó a la CIDH establecer salvaguardas que garanticen la continuidad del tratamiento médico, el respeto al debido proceso y la protección de López Elías y sus familiares ante posibles acciones de intimidación.

El expediente también contiene señalamientos contra el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quienes los promoventes atribuyen responsabilidad política por el contexto que denuncian.

Estas acusaciones corresponden exclusivamente a la versión presentada por la familia y deberán ser evaluadas por las instancias competentes.

La defensa sostiene que acudir a la CIDH no busca detener las investigaciones de las autoridades mexicanas. Afirma que la preocupación radica en evitar que una investigación termine generando consecuencias irreversibles sobre la salud o integridad de una persona.

El organismo internacional tendrá ahora que determinar si los documentos médicos, antecedentes judiciales y demás elementos aportados permiten acreditar los requisitos para otorgar medidas cautelares.

Hasta el momento no existe una resolución. Mientras la CIDH analiza la petición, la preocupación planteada por la familia permanece abierta: que el conflicto continúe escalando mientras existe, según su defensa, una condición médica que no permite ignorar los posibles riesgos de cualquier actuación que afecte la continuidad del tratamiento.