La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ya no solo enfrenta cuestionamientos: enfrenta sospechas directas sobre el uso político de la información que debería resguardar.

Lo que comenzó como versiones aisladas hoy toma forma de patrón. Filtraciones constantes, cobertura anticipada de operativos y una narrativa mediática que parece construirse desde dentro de la propia institución. En el centro de esta maquinaria aparece un nombre: Francisco Javier de la O Sarmiento.

Como secretario particular del fiscal Abelardo Valenzuela, De la O no es un actor menor. Su posición le da acceso directo a información estratégica, a decisiones clave y, según múltiples versiones, a un rol que rebasa lo administrativo: el de operador en la sombra de una estrategia de comunicación selectiva.

El episodio del intento fallido de detención de Javier Corral no solo exhibió errores operativos; exhibió algo más delicado: una fiscalía que parece más preocupada por el impacto mediático que por la solidez jurídica. La filtración casi en tiempo real de detalles del operativo no fue coincidencia, fue síntoma.

Y el mensaje es claro: cuando la información fluye hacia ciertos medios antes que hacia los tribunales, la justicia deja de ser prioridad y se convierte en herramienta.

Analistas advierten que este tipo de prácticas no son improvisadas. Responden a estructuras de poder cerradas, donde el círculo de confianza —como el que rodea a Valenzuela— concentra decisiones, controla información y, en el peor de los casos, define qué se filtra, cuándo y para quién.

El problema ya no es solo la posible filtración. Es la intención detrás de ella: influir, presionar, construir culpables mediáticos antes de que exista una sentencia.

Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta una crisis que no se resolverá con comunicados. Porque cuando la justicia se contamina de cálculo político, la credibilidad no se desgasta… se desploma.