El derecho de las mujeres a participar en la administración de los bienes construidos dentro del matrimonio es un principio fundamental de equidad y justicia. Sin embargo, Evangelina López Guzmán ha sido privada de su legítima participación en las empresas y recursos que ayudó a consolidar durante su matrimonio con el empresario Miguel Zaragoza Fuentes, enfrentando un sistema que ha operado con opacidad para excluirla de decisiones clave sobre su propio patrimonio.

A través de una red de abogados pagados por su exesposo y jueces coludidos, a Evangelina López se le ha negado el acceso a información financiera y a los derechos que le corresponden sobre los bienes adquiridos en su vida conyugal.

Esta exclusión no solo representa una violación de sus derechos patrimoniales, sino que también perpetúa un modelo de violencia económica en el que se despoja a las mujeres de su autonomía financiera y de su capacidad de decisión.

La falta de transparencia en la administración de los bienes y la negativa a permitir su participación activa en las empresas vinculadas a su patrimonio han sido mecanismos de control utilizados para mantenerla al margen.

Esta situación es contraria a los principios de justicia y equidad establecidos en la legislación mexicana, como el Código Civil Federal, que reconoce el derecho de ambos cónyuges a participar en la gestión del patrimonio común, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece el acceso a información financiera como un derecho fundamental.

La defensa de la transparencia en la administración de bienes no solo es una garantía de justicia en el ámbito privado, sino un pilar esencial en cualquier sociedad que busca erradicar la desigualdad de género.

Negar el acceso a la información financiera y la toma de decisiones es una estrategia que ha sido utilizada históricamente para despojar a las mujeres de su patrimonio, impidiendo su desarrollo económico y perpetuando la dependencia.

El caso de Evangelina López Guzmán es un recordatorio de que la lucha por la equidad no se limita al acceso a los bienes, sino también al derecho de participar en la administración de los mismos.

La opacidad en la gestión patrimonial y la exclusión de las mujeres de sus propios recursos no solo representan actos de violencia económica, sino que también van en contra del principio de rendición de cuentas y acceso a la información, esenciales en cualquier sistema democrático.

Es urgente que las autoridades investiguen y garanticen el acceso de López Guzmán a su patrimonio y a la información financiera que le ha sido negada, en cumplimiento de los principios de transparencia y equidad. Su lucha es la de muchas mujeres que enfrentan estructuras diseñadas para mantenerlas al margen de lo que, por derecho, les pertenece.