Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) desde hace dos décadas, enfrenta una tormenta de críticas. Denuncias por autoritarismo, manejo discrecional de recursos y ausencia en conflictos laborales colocan su liderazgo en la mira.

La inconformidad de los agremiados se hizo evidente en 2017, cuando 17 federaciones estatales, que agrupan a más de 2.5 millones de trabajadores, desconocieron su dirigencia. La acusación: manipulación de cuotas, violencia sindical y una gestión enfocada en intereses personales. Ya en 2016, en 18 estados se cuestionaba su reelección, alegando que carecía de legitimidad.

Uno de los casos más sonados ocurrió en 2018, con la adquisición de un hotel en Los Cabos por más de 220 millones de pesos, operación ejecutada sin consulta a los afiliados. El hecho desató sospechas de enriquecimiento ilícito y falta de transparencia, sumando un capítulo más a la lista de irregularidades.

A ello se suman denuncias por intervencionismo en sindicatos locales, imposición de liderazgos y uso de tácticas intimidatorias. El abandono a trabajadores afectados por despidos en Baja California Sur reforzó la percepción de un dirigente desconectado de la base. Las críticas internas reflejan una CROC debilitada y cuestionada, más por conflictos internos que por la defensa de derechos laborales.