El titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue multado por ignorar un requerimiento federal, en un episodio que exhibe incongruencia, opacidad y un preocupante deterioro institucional.

La credibilidad de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua atraviesa uno de sus momentos más cuestionables, luego de que su propio titular, Abelardo Valenzuela Holguín, fuera sancionado por un juzgado federal tras incumplir una orden judicial. El hecho, documentado en expedientes oficiales, no solo exhibe un desacato directo a la autoridad, sino que deja al descubierto una contradicción difícil de justificar: el funcionario encargado de combatir la ilegalidad incurriendo en prácticas que vulneran el propio sistema de justicia.

De acuerdo con los acuerdos judiciales correspondientes a la causa penal 227/2025, el 30 de enero de 2026 se instruyó de manera clara a la Fiscalía Anticorrupción remitir una carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República. Se trataba de un requerimiento básico, parte de los mecanismos elementales de coordinación entre instancias. Sin embargo, la orden simplemente no fue cumplida. No hubo respuesta, no hubo justificación, y, hasta ahora, tampoco hay explicación pública.

La omisión obligó a la intervención del juzgado federal, que aplicó una medida de apremio conforme al artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La sanción, una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización —equivalente a poco más de dos mil pesos—, podría parecer menor en términos económicos, pero resulta demoledora en el plano institucional. No todos los días un fiscal anticorrupción es sancionado por desobedecer una orden judicial en pleno ejercicio de sus funciones.

El problema, sin embargo, va mucho más allá de una multa. Lo que está en juego es la coherencia de una institución que ha construido su discurso sobre la legalidad y la rendición de cuentas. La Fiscalía Anticorrupción fue creada precisamente para perseguir a servidores públicos que incumplen la ley. Hoy, su titular aparece en documentos oficiales como responsable de hacer exactamente eso. La incongruencia no solo es evidente, es profundamente dañina para la narrativa institucional.

Lejos de tratarse de un error aislado, el caso se inserta en un contexto de tensiones más amplias entre autoridades estatales y federales. Los documentos sugieren un litigio complejo, marcado por disputas legales, recursos de amparo y fricciones en el intercambio de información. En ese escenario, la negativa o negligencia para cumplir un requerimiento judicial adquiere una lectura más grave: no como un descuido, sino como parte de un patrón de resistencia institucional que entorpece el funcionamiento del sistema de justicia.

A este panorama se suma un elemento que agrava aún más la situación: el silencio. Ni Abelardo Valenzuela ni la Fiscalía Anticorrupción han ofrecido una explicación clara sobre lo ocurrido. No se ha informado si la carpeta de investigación fue finalmente entregada, ni se han dado detalles sobre las razones detrás del incumplimiento. Esta ausencia de transparencia no solo profundiza la sospecha, sino que refuerza la percepción de una institución que exige rendición de cuentas hacia afuera, pero evade hacerlo hacia adentro.