• Las pesquisas federales se centran en auditorías cuestionadas, pero la gobernadora mantiene firme su apoyo político.

La fiscalización en Chihuahua atraviesa uno de sus momentos más complejos, pues la gobernadora Maru Campos ha decidido sostener la reelección de un auditor investigado por organismos federales. La FGR y la ASF analizan presuntas irregularidades relacionadas con auditorías en las que Acosta Félix habría excedido sus atribuciones.

Uno de los elementos más señalados es la auditoría forense sobre la deuda pública, la cual habría sido elaborada sin considerar documentos clave y utilizando premisas sin sustento. Para especialistas, estas fallas comprometen la validez del proceso y representan un riesgo para la legalidad del informe emitido.

Además, se investiga si la auditoría estatal incursionó en la revisión de recursos federales sin tener facultades para ello, lo que constituiría una violación al marco constitucional. Este punto es central en las pesquisas que llevan a cabo las instancias federales.

A pesar de ello, Campos ha defendido la continuidad del auditor, argumentando la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Sin embargo, críticos sostienen que esta decisión podría profundizar la percepción de que el Ejecutivo busca mantener control sobre la fiscalización estatal.

Si las indagatorias confirman irregularidades, la gobernadora enfrentará un escenario político adverso. El costo de respaldar a un funcionario bajo investigación podría afectar su administración en materia de transparencia.