• Las imputaciones contra López Elías muestran que el fiscal Abelardo Valenzuela prioriza intereses políticos sobre la legalidad.

Las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contra el despacho López Elías Finanzas Públicas se han convertido en un símbolo de la manipulación de la justicia. El supuesto desvío millonario por peculado no corresponde a la realidad de los contratos, pues el despacho fue contratado por un banco en un proceso autorizado y supervisado por el Congreso local.

El fiscal Abelardo Valenzuela ha construido una narrativa que omite datos básicos: la legalidad de los pagos, la validez de los informes entregados y la auditoría federal que en 2019 avaló el refinanciamiento de la deuda. Ignorar estas pruebas confirma que se trata de un caso fabricado.

Además de los errores técnicos, preocupa la violación sistemática de derechos: negación del derecho de audiencia, solicitud de órdenes de captura internacionales sin juicio previo y utilización de filtraciones mediáticas como herramienta de presión pública.

Lejos de fortalecer la lucha contra la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se ha convertido en un aparato que erosiona la confianza ciudadana y desacredita la procuración de justicia en el estado.