La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que un juez de control vinculó a proceso a Eliud Guadalupe ‘M’, por el delito de homicidio calificado en agravio de Noé Ramos Ferretiz, candidato a la presidencia municipal de El Mante por la alianza opositora, el pasado 19 de abril.

El juez determinó la prisión preventiva justificada para el detenido y dio a la Fiscalía un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El sujeto fue capturado el domingo pasado por policías de investigación, por los hechos ocurridos en la colonia Azucarera, en los que el panista fue privado de la vida mediante una agresión con arma punzocortante.

En diciembre de 2022, Noé Ramos acudió al Congreso de Tamaulipas para denunciar que había sido amenazado en dos ocasiones. Las advertencias de ataques se dieron después de las falsas amenazas de bomba contra edificios públicos en el municipio.

“Le hice llegar también al gobernador donde he tenido dos amenazas y realmente le estoy pidiendo seguridad. No, de hecho no, aquí están los documentos donde le envié al gobernador, el tema de la seguridad tanto para mi esposa, como para un servidor“, dijo Ramos en diciembre de 2022.

Aumentan solicitudes de seguridad para candidatas

Al menos 21 candidatas a alcaldías y diputaciones locales solicitaron seguridad al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) tras el asesinato del candidato Noé Ramos Ferretiz.

El presidente consejero del Ietam, Juan José Guadalupe Ramos Charré, informó que 21 aspirantes, 14 de ayuntamientos y 7 de diputaciones, ingresaron las peticiones de protección y acompañamiento de elementos de seguridad durante sus campañas.

Ahora, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) evaluará cada solicitud y entrevistará a las personas solicitantes para determinar el número de elementos. En lo que este proceso concluye, cada candidata tendrá un par de guardias para su custodia, de acuerdo con el plan de trabajo electoral.

“Es muy importante también que si la solicitud parte de circunstancias preexistentes, es decir, no necesariamente vinculadas al desarrollo del proceso electoral en marcha, que la solicitud vaya acompañada de las denuncias o demandas que se hayan presentado de manera puntual ante las autoridades en materia de procuración de justicia, porque es importante en la definición del nivel de atención, del nivel de riesgo y el dispositivo de seguridad que debe presentarse”, dijo el funcionario electoral.

Foto: Archivo FB (SSP Tamaulipas)

Gobierno ordena brindar seguridad

El secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, se reunió con las dirigencias y los representantes de los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Revolucionario Institucional (PRI).

El PAN no asistió al encuentro, en el cual participó el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charre.

Villegas González anunció que el gobernador Américo Villarreal Anaya ordenó dar la mayor seguridad de manera expedita como parte de una acción emergente dentro del protocolo electoral.

“Es instrucción del gobernador, desde un principio, que independientemente de que el proceso todavía no se termine en temas de tramitología, la Secretaría de Seguridad Pública haga lo conducente para que de manera expedita, lo más pronto posible lleguen con los candidatos que así sea su solicitud y posteriormente hacer la validación, valorar cuál es la situación que está permeando, cuál es el antecedente, cuál es la situación, qué es lo que se tiene que hacer para entonces si debido a ello, no hay ninguna solicitud de vigilancia para este proceso electoral”, explicó el secretario.

Víctima no solicitó seguridad y tenía escoltas privados

El domingo, Ramos Charré insistió que ni el candidato a la alcaldía de El Mante y tampoco el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron requerimiento de seguridad ante la autoridad electoral.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que el político contaba con un equipo de seguridad privado integrado por elementos de las Fuerzas Armadas en retiro, mismo que pagaba el ayuntamiento que lideró.