El secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez, expresó su respaldo general a la iniciativa propuesta por el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, en relación con el retiro de trabajadores en la entidad. Sin embargo, resaltó la necesidad de analizar y ajustar ciertos detalles antes de su implementación.

De esta forma, Bárcenas Ramírez enfatizó la importancia de asignar un presupuesto específico para asegurar el pago de pensiones y otras prestaciones para los trabajadores activos, como el bono de permanencia.

Esta medida, argumentó, garantizaría una regularización en el proceso, evitando la incertidumbre anual sobre la disponibilidad de recursos necesarios.

El líder sindical también destacó que, con un enfoque regularizable, se establecería un presupuesto base desde el principio, con la posibilidad de agregar únicamente la diferencia necesaria como una actualización de los valores y montos de pago de pensiones.

Sin embargo, Bárcenas Ramírez advirtió sobre los posibles riesgos de financiar el programa con recursos provenientes de ejercicios fiscales, ya que esto podría conllevar a la suspensión de ciertas prestaciones para los empleados en aras de garantizar las pensiones, especialmente si se contemplan ahorros fiscales generados en algunas dependencias.

Como alternativa, propuso que las leyes de ingresos y egresos contemplen 100% del pago de la pensión, permitiendo así que el capital recuperado de las aportaciones de los trabajadores y del patrón pueda ser reinvertido para una capitalización sostenible del sistema.

En cuanto a la discusión legislativa sobre este tema, Bárcenas Ramírez anunció que la Sección 26 buscará participar activamente a través de María Claudia Tristán Alvarado, diputada presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso de San Luis Potosí.

Esta postura sindical, mencionó, refleja la necesidad de considerar cuidadosamente los detalles de la iniciativa de retiro de trabajadores en la entidad, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y el bienestar de los trabajadores que han sido afectados.