Por tratarse de un hombre adulto experto en artes marciales y la víctima un menor de edad se considera delito de intento de homicidio o ataque peligroso, dijo el experto

Intento de homicidio o ataque peligroso, pero con la agravante de que la víctima es un menor de edad, es el delito que estaría enfrentando el peleador y profesional de las artes marciales que atacó a joven estudiante en un restaurante de comida rápida, en la capital potosina.

“Es un arma mortal”, aseguró el abogado José Álvaro Candia, al expresar su opinión sobre elcaso, que llegó a alcances nacionales; lamentó además la actuación tardía de las autoridades responsables de su detención.

Fernando N. ha sido identificado como el agresor del menor al interior de la cocina de un establecimiento de franquicia ubicado en la avenida Rutilo Torres, aparente porque no se le atendió de inmediato. En el caso, es notable el dolo del agresor.

El abogado destacó que de haber sido detenido posterior a los hechos pudiera haber obtenido el beneficio de la libertad bajo fianza, pero como está en fuga, ya no puede gozar de ello. “Es un cobarde, escapó y no armó una defensa jurídica; no ha dado la cara porque sabe lo que hizo”, aseveró.

A primera vista, explicó, el ataque podría calificarse como un ataque peligroso, pero debido a la debilidad de su víctima el caso podría clasificarse como intento de homicidio. Además, por la condición y sus aparentes conocimientos en artes marciales, se le debe considerar como un arma mortal. 

Esto es, que sabe dónde inferir lesiones y, por si fuera poco, aparentemente es una persona del derecho conocedora y, evidentemente, sabe que con determinadas acciones se incurre en un delito.

En su opinión como abogado, Candia citó también que evidentemente hay especulaciones de todo tipo en torno al caso y a la figura del agresor, por lo que urgió a las autoridades a actuar, proceder a su detención.

Según el artículo 138 del Código Penal del estado de San Luis Potosí, quien infiera lesiones que pongan en peligro la vida se le impondrá una pena de uno a seis años de prisión y sanción pecuniaria de cien a seiscientos UMAs, sin perjuicio de otras sanciones que le correspondan.