La legisladora Lorena de la Garza llama a que se abra un proceso de construcción de acuerdos que deje atrás “una temporada de persecución política muy peligrosa” impulsada desde la oficina del titular del Ejecutivo estatal.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha colocado en riesgo la institucionalidad y el balance entre Poderes en la entidad, debido a su intención de querer controlar al Congreso e instituciones autónomas, afirmó la diputada local priista, Lorena de la Garza Venecia.

Dijo que el gobierno lleva meses en los que las dependencias estatales están de cacería contra todos los negocios vinculados a políticos de oposición. “Han clausurado negocios de diputados, de familiares de diputados, de funcionarios de la Fiscalía Superior del Estado, con todo lo que pueden”.

La legisladora llamó a que se respete la división de Poderes y se abra un proceso de construcción de acuerdos que deje atrás “una temporada de persecución política muy peligrosa”, impulsada desde la oficina del titular del Ejecutivo estatal.

“Nuevo León necesita que todos los poderes estemos trabajando de la mano y el llamado que hacemos es a dejar de mentir y manipular y ponernos a trabajar por el bien del estado”.

De la Garza Venecia dijo que el mandatario estatal engañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina de este jueves comentó “están chantajeando” al gobernador Samuel García, luego de que este denunciara que agentes de la Fiscalía estatal intentaron irrumpir de manera ilegal en la torre administrativa del Gobierno. Incluso, exigió la destitución de Pedro Arce, encargado del despacho de esa dependencia.

Al respecto, la legisladora mencionó: “A mí me da mucha pena que el gobernador le haya mentido al presidente, porque fue y le dijo que la fiscalía del estado quería tomar la torre administrativa del gobierno del estado, lo cual desmintió la dependencia y aclaró que personal había acudido, sin portar armas a dejar un oficio a la recepción, el cual no fue recibido”.

La diputada acusó al gobernador de asumir una actitud “de querer destruir a la fiscalía por cualquier método”. Recordó que el año pasado, el gobernador promovió un proceso para sustituir a su titular, pero al no poder imponer a una persona de su confianza, vetó la designación que realizó el Congreso local (por tratarse de un organismo autónomo) e inició una campaña contra la institución.

Lo grave es que eso ocurre cuando el estado padece una severa crisis de inseguridad, lo cual se refleja en que en abril pasado, Nuevo León fue el estado más violento de todo el país.

Expuso que lo que está detrás de la actitud asumida por el mandatario es su intención de controlar a la fiscalía. Quiere tener un fiscal carnal y un congreso a modo. Ha declarado que nos quiere desaparecer, que quiere un Congreso dominado por Movimiento Ciudadano (MC) para que no le pongan trabas a sus proyectos.

Asimismo, dijo que hay una pugna entre el gobernador en contra de la fiscalía debido a que varios funcionarios cercanos a él están siendo investigados por la dependencia.

Concretamente, se refirió a los asuntos del exdirector de Comunicación Social del gobierno de Nuevo León y actual dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Glen Zambrano Villarreal y del exdirector del DIF estatal, hoy Secretario General emecista en Nuevo León, Miguel Ángel Sánchez Rivera.

Explicó que, en el caso de Glen Zambrano Villarreal, presuntamente está involucrado en operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Relató que la Fiscalía debe hacer una exhaustiva investigación, luego de que en un cateo realizado a una empresa de la que era representante legal una persona identificada como Ángel Ricardo “N”, quien habría utilizado como escudo a un niño durante una balacera (los dos murieron), se encontraron documentos relacionados con facturación de tres empresas y una de ellas está relacionada con Zambrano Villarreal.

Concretamente se trata de la firma BMDI S.A de C.V., dedicada a marketing digital en cuyos registros el dirigente emecista aparece como Director Ejecutivo, por lo menos hasta septiembre de 2021.

Hace unos días BMDI difundió un comunicado en el que señala que Villarreal Zambrano dejó formar parte de esa firma “en el momento en que decidió asumir su cargo como servidor público”.

Recordó que no es la primera vez que el exfuncionario está involucrado en presuntos actos indebidos. En agosto de 2022, fue señalado de haber usado su cargo de director de Comunicación Social, para adjudicar un contrato por 10.4 millones de pesos al sitio web de noticias AltavozMX con razón social Megáfono Comunicaciones, cuando en su directorio aparecía como editor. Además, fue señalado de adjudicar contratos a “empresas fachada”.

En tanto, Miguel Ángel Sánchez Rivera es acusado de presunta responsabilidad en el caso de la muerte de un menor de edad, ocurrido en febrero de 2022, en las instalaciones de un albergue administrado por el DIF estatal, cuando él era director. Lo señalan de encubrimiento.