Trabajadores de distintos centros laborales han denunciado que dirigentes de COREMEX habrían operado un esquema de cobros indebidos, exigiendo pagos o firmas a cambio de “protección” o para evitar conflictos dentro del propio centro de trabajo.

De acuerdo con testimonios recabados, empleados afirman que representantes sindicales acudían de manera recurrente a solicitar aportaciones económicas que no tenían sustento en contratos, estatutos o acuerdos formalmente establecidos. Las aportaciones eran presentadas como un requisito para mantener la estabilidad laboral o, en algunos casos, para impedir que se generaran reportes negativos ante los empleadores.

Las denuncias señalan que dichas solicitudes se realizaban de forma directa y bajo un discurso que apelaba al temor de los trabajadores, insinuando posibles represalias en caso de no colaborar. Algunos afectados describen que, además de dinero, se les pedía firmar documentos cuyo contenido no les era explicado con claridad, situación que provocó inquietud sobre el posible uso de esas firmas para trámites o gestiones ajenas a sus intereses.

Exdirigentes y empleados consultados coinciden en que este tipo de prácticas habría funcionado como una red estructurada, donde ciertos representantes obtenían beneficios al margen de la normatividad sindical. Entre los elementos expuestos destaca que no existía una comunicación oficial sobre dichas “cuotas de protección” ni mecanismos transparentes para administrarlas, lo que incrementó la percepción de irregularidad.

Las acusaciones continúan acumulándose, mientras los trabajadores demandan que las autoridades laborales investiguen a fondo y se esclarezca si COREMEX actuó conforme a derecho o si existieron esquemas que vulneraron la seguridad y la confianza de la base. El caso refuerza el llamado a fortalecer mecanismos de supervisión que garanticen sindicatos legítimos, transparentes y alejados de cualquier forma de presión indebida.