Todavía en noviembre, mes en que se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se abrió una carpeta de investigación por la comisión de ese delito.

En San Luis Potosí se abrieron 12 carpetas de investigación por el delito de aborto durante 2024, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en su reporte de incidencia delictiva del fuero común correspondiente a ese año.

Según los datos abiertos de incidencia delictiva, mismos en los que se puede consultar la cifra de víctimas de cada delito, el año pasado se registraron 12 víctimas por el delito de aborto, por lo que se abrió una carpeta de investigación por cada víctima, de las cuales no se estableció el sexo.

Mientras tanto, en 2023 también se aperturaron 12 carpetas de investigación por el delito de aborto en San Luis Potosí y se registraron 12 víctimas por el delito de aborto, por lo que se registró la misma tendencia que en 2024.

La despenalización del aborto en San Luis Potosí

Fue el mes de septiembre cuando se sentó un precedente para la despenalización del aborto en la entidad, luego de que la Colectiva ILE anunciara que el día 23 de dicho mes, el Juzgado Tercero de Distrito del Noveno Circuito emitió una resolución que abrió paso a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en San Luis Potosí dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

La resolución emitida por el Juez Tercero de Distrito declaró como inconstitucionales los artículos 148, 149, y 150 del Código Penal, así como el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

Dos meses después, en noviembre, el Pleno del Congreso del Estado, con el impulso de diversas colectivas feministas, aprobó cambios en dichos artículos del Código Penal, tras lo cual se señala que comete el delito de aborto:

• Quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, conducta que será sancionada con una pena de 3 a 8 años de cárcel y multa de 300 a 800 del valor de la unidad de medida y actualización y;
• La mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las doce semanas de embarazo, conducta que será sancionada de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad

En diciembre pasado, el Congreso del Estado también aprobó reformas a la Ley de Salud del Estado, de manera que el Sistema Público de Salud proporcione los servicios necesarios para la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad.