Una batalla legal que evidencia corrupción, tráfico de influencias y la protección a empresarios poderosos en México y el extranjero. El prolongado litigio entre Evangelina López Guzmán y el magnate gasero Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del emporio Grupo Zeta Gas, se ha convertido en un símbolo de cómo el dinero, la influencia política y las
Una batalla legal que evidencia corrupción, tráfico de influencias y la protección a empresarios poderosos en México y el extranjero.
El prolongado litigio entre Evangelina López Guzmán y el magnate gasero Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del emporio Grupo Zeta Gas, se ha convertido en un símbolo de cómo el dinero, la influencia política y las redes de corrupción pueden someter a la justicia durante más de una década. Lo que inició como un divorcio en 2014 en Texas se transformó en una compleja trama internacional de desacatos, ocultamiento de bienes, maniobras legales dilatorias y presunta colusión de abogados y funcionarios en México y Centroamérica.
Sentencias ignoradas y desacatos en Estados Unidos
Registros judiciales en Texas documentan que López Guzmán obtuvo resoluciones favorables, incluida la división de bienes. Sin embargo, Zaragoza Fuentes incumplió citatorios, provocó la emisión de órdenes de aprehensión por desacato y utilizó apelaciones y recursos jurisdiccionales para evadir la ejecución de las sentencias. La impunidad operó a través de un entramado jurídico que dejó sin efecto el mandato de jueces estadounidenses.
México y Costa Rica: la sombra del poder corporativo
Mientras en Houston se libraba la batalla legal, en México y Costa Rica el conflicto escaló hasta afectar la operación de Gas Zeta, con movilizaciones de trabajadores y riesgo de desabasto. Recursos de inconstitucionalidad, bloqueos judiciales y litigios en cortes locales reflejaron la capacidad de influencia del empresario para frenar resoluciones y mantener el control operativo, a pesar de las sentencias.
Red de ocultamiento patrimonial y prestanombres
Investigaciones periodísticas y registros públicos exponen transferencias de activos, uso de fideicomisos y sociedades en múltiples jurisdicciones para impedir el embargo y la recuperación de bienes. Incluso aparece la figura de una exempleada doméstica vinculada a controversias sobre la propiedad de empresas, un patrón común en operaciones para encubrir el verdadero control patrimonial.
Colusión política y tráfico de influencias
Entre las denuncias más graves, Evangelina López Guzmán ha señalado a reconocidos abogados de trayectoria política panista —Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont Urueta, Marco Antonio del Toro Carazo y Luis Alfonso Cervantes Muñiz— de favorecer intereses de Zaragoza Fuentes. Estos personajes, con historial en casos de alto perfil, han sido relacionados con estrategias para proteger a empresarios poderosos frente a la ley.
El rostro humano de una lucha desigual
A sus años avanzados, López Guzmán continúa presentándose en tribunales, exigiendo la restitución de lo que considera legítimamente suyo. Su caso revela una verdad incómoda: en México y América Latina, una sentencia no garantiza justicia cuando el adversario es un multimillonario con conexiones políticas y capacidad para manipular el sistema judicial.
Un caso que exhibe la debilidad del Estado de derecho
El expediente de Evangelina López Guzmán contra Miguel Zaragoza Fuentes es una radiografía de cómo el poder económico puede distorsionar la justicia, utilizando vacíos legales, amparos, nulidades y la intervención de cortes internacionales para alargar indefinidamente un litigio. Mientras tanto, la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial se erosiona frente a casos donde la ley se doblega ante el dinero y la influencia.
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *