Necesario, fortalecer fiscalías electorales hacia 2024: expertos

Necesario, fortalecer fiscalías electorales hacia 2024: expertos

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República, abrió 7,586 carpetas de investigación por delitos electorales federales, entre 2016 y 2022. Los resultados electorales de los comicios del Estado de México y Coahuila fueron una nueva demostración de la capacidad que tienen los árbitros electorales de nuestro

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República, abrió 7,586 carpetas de investigación por delitos electorales federales, entre 2016 y 2022.

Los resultados electorales de los comicios del Estado de México y Coahuila fueron una nueva demostración de la capacidad que tienen los árbitros electorales de nuestro país para organizar elecciones confiables. Sin embargo, hay un gran pendiente: las fiscalías electorales y su lucha para perseguir la compra de votos, señalaron expertos en materia electoral.

Javier Martín Reyes, doctor en Derecho por la UNAM y experto en materia electoral, resaltó que en México hay dos tipos de instituciones que funcionan razonablemente bien en materia electoral: los institutos electorales y los tribunales electorales, así como el INE, que se ha colocado como una institución de clase mundial, y el Tribunal Electoral, el cual también cumple con su papel.

No obstante, “el gran pendiente de la transición democrática son las fiscalías electorales. La verdad es que sabemos que en México como en muchísimos países hay compra de votos, problemas relacionados con la coacción de los electores, con la recopilación de credenciales para votar (…) es un problema grave”, señaló.

El también politólogo destacó que la compra de votos es la mayor conducta que va en contra del sistema democrático, por lo que el no perseguir los delitos electorales lleva a una impunidad que se puede volver la norma de cara a los comicios de 2024.

En 2024 “vamos a tener el proceso electoral más grande y más complejo de la historia de la democracia mexicana, entonces, llegar ahí con fiscalías tan debilitadas y a una impunidad de ese nivel, pues es una fórmula para la catástrofe”, recalcó.

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, expresó que la pasada jornada, a pesar de las denuncias de compra de votos, transcurrió de manera correcta pues se instalaron casi todas las casillas.

Lo demás pueden ser chismes, acusaciones, propaganda, difamación (…) creo que esto no es el tema central de la elección, los temas centrales son quién gana, por cuánto gana y la tasa de participación”.

En este sentido, el experto en temas electorales añadió que los resultados de los comicios en Edomex mostraron que el veredicto de la gente es claro y les gusta lo que hace Morena.

Denuncias electorales

Miles de investigaciones se han abierto en los últimos años por delitos electorales, aunque pocas son las que llegan ante un juez.

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República, abrió 7,586 carpetas de investigación por delitos electorales federales, entre 2016 y 2022. Sin embargo, en el mismo periodo sólo judicializó 881 casos, es decir, 11.6 por ciento.

Según datos de la Fisel, otorgados vía transparencia a un particular, en el periodo señalado, la compra de votos (3,029), es el delito por el cual se han abierto más indagatorias.

Le sigue la alteración del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores (2,108); la coacción del voto y el proselitismo por parte de funcionarios públicos (1,378).

Hasta 2022, la Fisel determinó un total de 10,499 carpetas de investigación por delitos electorales en el ámbito federal, relacionados con recoger o retener credenciales originales, alterar el Registro Federal de Electores, que las personas servidoras públicas federales coaccionen o condicionen la prestación de un servicio público o programa social federal; así como utilizar recursos públicos federales con fines electorales.

A estas conductas, también se suman las relacionadas con personas funcionarias públicas federales, que coaccionen a sus subordinados a participar en eventos proselitistas, votar o abstenerse de votar u otorguen apoyo a alguna opción política.

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